Skip to content

prensa agn

Prensa y Comunicación-Auditoría General de la Nación – Transparencia – AccesoAlaInformación


ornsa

La AGN realizó un informe que tuvo por objeto analizar la gestión del ORSNA en la implementación del “Programa de Medición de Factores de Calidad de Servicio para la fijación de los estándares de calidad en el Sistema Nacional Aeroportuario”.

El servicio aeroportuario es un servicio público, monopólico para el que se fijan estándares mínimos a cumplir. El ORSNA es quien debe determinar los niveles de servicio exigible, tomando como base los estudios que ha realizado o bien subcontratando consultores especialistas.

El Sistema Nacional Aeroportuario está integrado por 57 aeropuertos

Principales Observaciones del informe:

El ORSNA no ha fijado los estándares representativos del nivel de Calidad de Servicio.

A Noviembre de 2011 no se encontraba aprobado el texto integrado y ordenado del Contrato de Concesión, incorporando los términos resueltos por el Acta Acuerdo respecto al control de la calidad del servicio.

No está asegurado el tratamiento integral, la facilitación del acceso y la movilidad de las personas con movilidad reducida (PMR) en todos los aeropuertos del Grupo A de aeropuertos del SNA.

►El Centro de Atención al Usuario (CAU) no efectúa el seguimiento del total de los reclamos de usuarios del SNA según lo indicado en el Manual de Procedimiento.

No se conoce el destino de las quejas ni la evolución del tratamiento que se les da, el CAU no practica auditorías ni toma contacto con los presentantes. El ORSNA sólo efectúa el seguimiento de la queja en limitados casos entre aquellos en los que el presentante haga su reclamo directamente en el organismo.

►El Organismo no fijó líneas, indicadores, metas y objetivos operativos mensurables destinados al seguimiento de la implementación del Programa.

Si bien el organismo menciona que los estándares utilizados corresponden al nivel C (“buen nivel de servicios con condiciones de flujo estable, demoras aceptables, y buen nivel de confort” según IATA), el ORSNA no ha establecido, la obligación por parte del Concesionario de alcanzar ese nivel de servicio en los 33 aeropuertos del grupo A del SNA, sino que lo circunscribió a los que poseen un movimiento anual superior a 500 mil pasajeros (Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Iguazú, Bariloche y Salta).

La restricción del universo de aplicación del Control de Calidad implementado por el ORSNA genera diferencias de nivel de calidad de Servicio en los 33 aeropuertos del Grupo A del SNA.

Las campañas de control de calidad en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 se efectuaron en los siete aeropuertos seleccionados (a los 6 se le suma Bariloche), sin haberse ampliado el universo de aplicación. El ORSNA no menciona los motivos que impiden aplicar el Programa de Medición.

Las auditorías de control realizadas por el ORSNA en el ámbito de aplicación del Programa de Medición quedan limitadas por el propio procedimiento, en tanto el ORSNA relativiza los valores obtenidos, al promediarlos con los del concesionario.

►Se han detectado casos durante el proceso de elaboración y/o implementación del Programa de Medición de Factores de Calidad de Servicio en los que el organismo ha eliminado o redefinido los indicadores, sin justificación en razones de mejoramiento del nivel de servicio.

►El ORSNA no ha establecido, a febrero de 2012, un procedimiento de control que permita obtener un Índice de Calidad de Servicio mensurable metodológicamente.

►El Programa de Medición de Factores de Calidad de Servicio no se encuentra reglamentado ni cuenta con régimen sancionatorio aplicable. La misma situación se verifica en el Programa de Prestaciones Básicas.

►El ORSNA no promueve las acciones que subsanen las deficiencias que surgen de los incumplimientos de los estándares de calidad, tornando ineficaz el control.

Link al informe

Etiquetas: , , ,

Imagen

La AGN acaba de aprobar en la sesión del 28 de noviembre un informe realizado en la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnologías (ANMAT), el organismo encargado de registrar, controlar, fiscalizar y vigilar la calidad y sanidad de los medicamentos, la alimentación y la cosmética humana así como en el control de actividades y procesos que median en esas materias. A raíz de los hallazgos encontrados, el colegio de auditores resolvió enviar el informe a los juzgados que presiden Claudio Bonadío y Norberto Oyarbide.

El nuevo informe aprobado por la AGN advierte que:

-La cantidad de inspectores existentes para atender las inspecciones de pesquisa, era durante el período auditado, trece personas para todo el país. Resulta una dotación exigua. Incluso la dotación de inspectores provinciales es tan sólo dos personas para toda la provincia de Buenos Aires, lo que ha provocado que la presencia del programa de pesquisa en dicha provincia sea relativamente reducida.

En la página Web de la ANMAT dice: El Programa de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos (PPMI), desarrollado por la ANMAT, cuenta con profesionales especializados que inspeccionan establecimientos de todo el país, con el fin de combatir la comercialización irregular de fármacos. Su implementación ha permitido que, en los últimos años, el expendio de medicamentos falsificados haya disminuido notablemente”.

Sin embargo la AGN concluyó:

-Se han analizado órdenes de inspección que incurrieron en la comercialización de medicamentos ilegítimos, sin que se agreguen a los antecedentes que acrediten la realización de la denuncia.

La ANMAT no cuenta con rutinas administrativas que impidan la habilitación de una droguería, cuando alguno de sus responsables es empleado de la propia repartición.

Se ha analizado la habilitación de una droguería cuyo titular se desempeñó en la Dirección de Evaluación de Medicamentos (DEM) hasta que fue suspendido, por su vinculación con una causa penal por el hallazgo de medicamentos ilegítimos.

-Se detectó que Droguería Urbana, establecimiento especializado en la distribución de medicamentos oncológicos, vinculado a una pesquisa de medicamentos ilegítimos realizados en otras droguerías, no resultó inspeccionada por el programa de pesquisa.

– Se han analizado órdenes de inspección a droguerías que incurrieron en la comercialización de medicamentos ilegítimos, o los tenían en sus stocks al momento de la visita de Pesquisa. En la mayoría de los casos se trata de adulteración o falsificación de troqueles o del empaque secundario. No se pudo verificar la denuncia penal correspondiente y en otros casos  existen inspecciones con insuficientes elementos aportados para interpretar qué curso de acción siguió la ANMAT.

Existen órdenes de inspección en las que se han detectado infracciones, en las cuales no constan elementos que permitan satisfacernos de que se agotaron los esfuerzos para concluir la pesquisa (casos Droguería TM,  Droguería Del Plata, Farmone, Droguería Urbana), sin que se adviertan acciones ulteriores para enderezar la situación.

Links de interés

“Ratifican el procesamiento del dueño de Droguería Urbana”

Preventiva para directivos de droguería Del Plata

Link al informe:  www.agn.gov.ar/informes/informesPDF2012/2012_229.pdf

 

El informe se realizó con el objetivo de comprobar los progresos en la implementación de sistemas de información pública y de libre acceso y los resultados de su aplicación, enumerados en el artículo 8º de la precitada ley.

Las tareas de campo fueron desarrolladas desde el 08 de septiembre al 30 de noviembre de 2011.

La Jefatura de Gabinete de Ministros, en su calidad de autoridad de aplicación del cumplimiento de la ley, brindaba por medio de Internet hasta el 2º trimestre de 2011, la información requerida por el art. 8º de la Ley 25.152, y las actualizaciones producidas.

Como resultado de las tareas de campo, la AGN verificó que la página web http://www.argentina.gov.ar, dejó de brindar en forma centralizada los vínculos dentro de los cuales se destacaba “Transparencia”, que como dijéramos en informes anteriores era el medio que permitía conectarse a través del sitio web de la Jefatura de Gabinete de Ministros con la información pertinente.

Los Lineamientos Estratégicos del Plan Nacional de Gobierno Electrónico, establecidos en el Decreto Nº 378/05, dictado con posterioridad a la Ley 25.152, que tuvo como uno de sus objetivos aumentar los niveles de información y gestión de control ciudadano, concordante con los requerimientos del artículo 8º de la citada ley, no son coincidentes con la situación señalada precedentemente.

Además, entre sus observaciones la AGN observó que

Se continúa sin novedad alguna con relación al requerimiento del inciso l) del artículo 8º de la Ley Nº 25.152, de “toda la información necesaria para que pueda realizarse el control comunitario de los gastos sociales”.  

En conclusión, los informes de auditoría efectuados hasta la fecha han señalado la necesidad de reglamentación del artículo 8º de la Ley 25.152, a efectos de poder superar el cumplimiento parcial sobre el acceso y publicidad de la información de carácter público que detalla en el mencionado artículo.

Por su parte, la Jefatura de Gabinete de Ministros expresó en sus conclusiones a los informes, que entiende innecesaria la reglamentación del  artículo.

El artículo 8° de la Ley 25.152 no ha sido reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Ver informe completo 

Etiquetas: , , ,

Los invitamos a conocer el blog de Participación Ciudadana de la AGN:

Auditoría General de la Nación

Seguimos articulando el intercambio con la sociedad civil. Esta vez, con la implementación de Talleres Temáticos con el objetivo de informar y formar a la sociedad civilsobre las competencias y funciones de la entidad, y la generación depropuestas por parte de las organizaciones y especialistas sobre los objetos de control en sectores claves.

Para ello, se realizarán encuentros bajo el formato de desayunos de trabajo, mesas redondas o talleres, por áreas temáticas (medio ambiente, transporte, salud, educación, discapacidad, entre otros), de los que participaran funcionarios de la AGN, ONG representativas del sector, funcionarios de áreas claves, especialistas, etc., con el fin de socializar los hallazgos de informes existentes, analizar el cumplimiento de sus recomendaciones, identificar problemáticas del sector y elaborar propuestas de auditorías para ser consideradas por la AGN

Vinculación de los talleres con la Planificación Participativa:

Los talleres se complementarían a la labor que desarrolla…

Ver la entrada original 169 palabras más

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

El colegio de auditores por unanimidad aprobó el informe referido a la compra de material rodante: vagones, furgones, locomotoras y repuestos, para el servicio de transporte ferroviario. La compra la efectuó el Estado Nacional en virtud de acuerdos de cooperación con España y Portugal y gastó un total de 222 millones de euros entre los dos convenios con los países ya nombrados.

La AGN descubrió gravísimos incumplimientos en el modo en el que este material rodante fue adquirido y pésimas condiciones del material.

La AGN detectó que:

–         La compra a España se realizó sin verificar la totalidad de material rodante a adquirir. El Estado no sabía qué era exactamente lo que estaba comprando, el transportista en el conocimiento de embarque  hizo constar -respecto de una carga de 20 vagones y 7 triplas- que se encontraban en muy pobres condiciones, con roturas visibles y partes faltantes, que casi no existía el plástico envolvente lo que era inconveniente para las condiciones del mar, por lo cual se eximía de responsabilidad.

–         La recepción de los materiales se realizó en los países vendedores y en algunas circunstancias no estuvo presente el representante argentino, posibilidad que estaba contemplada en el contrato y que eximía de labrar el acta pertinente. No había nadie de la Secretaría de Transporte ni de la CNRT para verificar qué era lo que se compraba, sí se correspondía con lo estipulado en el convenio.

–         Se detectaron diferencias entre los documentos firmados donde figuraban determinado material y lo que finalmente se adquirió. Y también diferencias entre lo que se adquirió y lo que la misma CNRT verificó en los depósitos y establecimientos en Argentina.

–         Lo que pagó el Estado Nacional por las unidades llamadas “triplas diesel” supera entre un 117% y 171% el valor ofertado por RENFE (empresa estatal española con la que se suscribieron convenios)

–         El Estado pagó conceptos por “rehabilitación de unidades” que no se han llevado a cabo.

–         El 44% del material rodante adquirido se encontraba fuera de servicio, sin que se hubieran efectuado las tareas de reparación necesarias para su utilización.

–         El 51% de las Triplas eléctricas SOREFAME, compradas a Portugal se encuentran afectadas al servicio a tracción diesel, dándosele un uso distinto conforme sus características técnicas

–         La propia CNRT manifiesta no haberse pronunciado sobre conveniencia ni condiciones de contratación.

–         El equipo de auditoría inspeccionó en diciembre de 2011, la custodia y el resguardo del material adquirido y se encontró por ejemplo que en la playa Kilómetro 5 de la exLínea Roca -perteneciente a la Concesionaria de Cargas Ferrosur Roca SA- había 10 unidades pertenecientes a Triplas diesel 593, en muy mal estado, con vestigios de haber sufrido desmantelamientos vandálicos e incendios. De 6 coches incendiados, 4 no pudieron ser identificados, presentando daños importantes en su estructura que los hace irrecuperables)

 Link al informe: http://www.agn.gov.ar/informes/informesPDF2012/2012_203.pdf

 

Está información fue elaborada para el sitio web del Auditor General Alejandro Nieva http://alejandronieva.wordpress.com/

La Superintendencia desempeña un rol de vital importancia en el Sistema Nacional de Seguros de Salud debiendo controlar, administrar y recaudar los fondos con los que se financia el sistema. Es por ello que debe exigirse un control efectivo para garantizar el acceso a los servicios básicos de salud a quienes menos recursos poseen.

La Superintendencia de Servicios de Salud es un organismo descentralizado  en jurisdicción del  Ministerio de  Salud  y  Acción  Social que se encarga principalmente de fiscalizar y controlar a los agentes que integran el Sistema Nacional de Seguros de Salud.

Mediante la Ley N° 23.661 se implementa el Fondo Solidario de Redistribución, fundado en el principio de solidaridad social, con el objetivo de asegurar las prestaciones básicas a los beneficiarios del sistema de salud de menores recursos. El  Fondo Solidario de Redistribución está compuesto por aportes y contribuciones de las Obras Sociales Sindicales y las de Personal de Dirección y de las Asociaciones Profesionales de  Empresarios, el 50% de los recursos de distinta naturaleza que ingresen a las Obras Sociales; reintegro de préstamos y por el producido de las multas que se apliquen en virtud de la ley N° 23.661. El destino de dicho fondo busca, entre otras cosas, atender los gastos de funcionamiento de la Superintendencia hasta el 5% de lo recaudado, apoyar financieramente a los agentes de seguro en calidad de préstamos, subvenciones y subsidios, así como también financiar planes y programas de salud destinados a los beneficiarios del seguro.

En cuanto a los excedentes del fondo solidario de redistribución, la ley 23.661 establece que los mismos serán distribuidos entre los Agentes del Seguro de Salud, en proporción a los montos con que hubieran contribuido durante el mismo período.

En el último año, a raíz del impacto de las irregularidades detectadas por la AGN en una auditoría de gestión realizada en el marco de la Administración de Programas Especiales, por decreto 1198/12 del Poder Ejecutivo Nacional, es que se decide absorber la APE dentro de la estructura organizativa de la Superintendencia.

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

 

FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN

La Auditoría General de la Nación detectó que la Superintendencia no recibe ninguna información de lo recaudado por la AFIP que le permita verificar la integridad y corrección de los valores recaudados y transferidos[1]. Ello se torna relevante cuando se tiene en consideración que las tareas de distribución, recaudación y administración del fondo se realizan en forma descentralizada por tres organismos: AFIP, Banco de la Nación Argentina y Superintendencia de Servicios de Salud[2].

En relación con ello la AGN determinó que la descentralización en cuanto a la recaudación provoca que los conceptos que integran el Fondo no sean tratados en forma homogénea[3] . Se detectó que al año 2009 de los importes ingresados al Fondo que fueron de alrededor de $ 2.800 millones, el remanente alcanzó el monto de $ 1.400 millones[4] . Esto quiere decir que aproximadamente la mitad de los montos del Fondo al año 2009 no fueron aplicados[5]. Ello se evidencia en el siguiente gráfico:

La AGN también advirtió que la Superintendencia no cumple con los lineamientos reglamentarios de la Ley 23.661 que determinan la forma en que se llevará adelante la utilización de este Fondo. En relación con ello, esta ley determina que al menos el 70 % del mismo se utilizará para la distribución automática entre los beneficiarios, lo cual tiene el propósito de equiparar  niveles de cobertura obligatoria[6].

Tampoco se cumple con lo establecido en esa ley respecto a la distribución de excedentes del Fondo, la cual debe llevarse a cabo todos los años de acuerdo a lo establecido en la Ley 23.661[7] .

OBRAS SOCIALES

La AGN observó que numerosas Obras Sociales incumplen con la Ley 23.661[8] que establece que las mismas deben enviar a la Superintendecia los contratos de las prestaciones que celebre[9] .

Por otro lado la Ley 23.660[10] determina que las obras sociales deberán gastar como mínimo un 80 % de sus recursos brutos en la prestación de los servicios de atención de la salud establecidos por el seguro a sus beneficiarios, mientras que  para gastos administrativos[11]determina que el porcentaje que deben destinar las obras sociales deberá ser un 8 % de sus recursos brutos.

En relación con ello la AGN verificó el incumplimiento de esta ley detectando que en los años 2009 y 2010 el 30 % de los casos registran Gastos Prestacionales Médico Asistenciales por debajo del 80 % de sus recursos brutos. Por otro lado el 36 % de los casos registran Gastos Administrativos superiores al 8% de los recursos brutos[12]. Esto demuestra que se realizaron menores gastos en prestaciones de los que por ley deben realizarse, habiéndose realizado a la vez, mayores gastos en cuestiones administrativas de los que por ley debían realizarse.

Se advirtió también la existencia de disparidad entre los beneficiarios informados en la memoria de los estados contables de la mayoría de las Obras Sociales y lo que surge del Tablero de Comando de la Superintendencia en cuanto a población beneficiaria[13]. También se detectó que el 18 % de los Obras Sociales presentan una delicada situación financiera que se manifiesta en la ausencia de capital de trabajo, deficientes índices de liquidez corriente y total y con serias dificultades para afrontar compromisos en el corto y mediano plazo[14].

PROVEEDORES

La AGN detectó debilidades en cuanto al  control que debía realizar la Superintendencia en la evaluación de los contratos entre las Obras Sociales y los proveedores. Así, la AGN destacó que no había un área definida para el análisis de estos contratos, siendo imposible vincular en el registro la Obras Social con el prestador contratado[15].

También se observó que el 69 % de los contratos suscriptos registrados en los años 2009 y 2010 se encuentran observados, estando aprobados solamente el 20 % de los mismos y figurando el 11 % de los mismos como otros sin más detalles[16].

A ello se suma que el sistema utilizado para realizar contratos con los prestadores presenta falencias que permiten que el prestador brinde sus servicios médicos asistenciales sin verificar el cumplimiento por parte del mismo de los requisitos indispensablemente necesarios[17].

Por otro lado la AGN detectó la existencia de prestadores que no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores, ello da cuenta de otro  incumplimiento de la ley N° 23.661[18].  En relación con esto se realizaron cruces sistemáticos de información con la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) de los cuales surge que no se realizan cruces de información entre ambos organismos.

BENEFICIARIOS

En relación con el padrón de quienes son beneficiarios de los fondos surge la existencia de 5.756 beneficiarios registrados que tienen el número de documento en cero y 3.097 beneficiarios registrados que tienen la fecha de alta en la Obra Social igual a cero. Esto demuestra que existen problemas en este registro, en el cual figuran alrededor de 8.000 beneficiarios registrados en forma irregular con documentos y fechas de alta en cero[19].

Se realizó un cruce entre los datos del Padrón de Beneficiarios de la Superintendencia contra los datos de los de fallecidos del RENAPER en el período 1999-2009. Los controles se realizaron en relación a las fecha de alta de los beneficiarios en las Obras Sociales. La AGN observó queexisten 334 beneficiarios dados de alta con fecha posterior a la de su fallecimiento. En este caso la Obra Social con mayor cantidad de beneficiarios dados de alta después de su fallecimiento fue el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados[20].

En relación con todo ello debe mencionarse que de la circularización de beneficiarios de los Agentes de Seguro de Salud que solicitaron apoyo financiero en la APE, realizados en el marco de la auditoría de gestión llevada a cabo en ese organismo en el período comprendido entre 2008-2009, se tomó conocimiento de situaciones particulares de pacientes que describen ausencia de prestaciones médicas oportunamente solicitadas a sus Obras Sociales, en los cuales los beneficiarios adjuntaron documentación que acredita sus reclamos por ante la Superintendencia, la Justicia Ordinaria o la Obra Social respectiva [21].

CONCLUSIÓN

La relevancia de la Superintendencia se halla en que este organismo es uno de lo pilares fundamentales del Sistema Nacional de Salud, que además de participar en la recaudación de los montos con los que se financia el sistema, realiza una función de contralor sobre las Obras Sociales que lo integran. Es propio de la actividad de este organismo garantizar y afianzar el derecho de acceso a la salud a los beneficiarios del sistema.

La temática de la salud tiene relación también con otro organismo estatal, la Administración de  Programas Especiales. Respecto del funcionamiento de este organismo la AGN detectó distintas falencias lo cual da cuenta del irregular funcionamiento del Sistema de Salud en la actualidad.

Es en virtud de las especiales características que presentan los beneficiarios del sistema que se hace necesario extremar los controles, tanto sobre las obras sociales como sobre los proveedores, actores claves en este sistema. Las distintas falencias detectadas por la AGN demuestran el impacto negativo que el irregular funcionamiento de estos organismos puede generar en el acceso al derecho a al salud.

Es necesario un mejoramiento del sistema a nivel estructural, como es el caso de las vinculaciones de la Superintendencia con organismos como la ANMAT o el RENAPER. La falta sistemática de cruce de información con estos organismos impacta negativamente en las tareas de la Superintendencia, ya que no se unifica el registro de personas fallecidas ni el registro de proveedores. Ambos datos son diametralmente importantes para que la Superintendencia pueda llevar adelante las tareas que tiene encomendadas.

Todo lo dicho pone de manifiesto la necesidad de organismos transparentes y políticas eficientes y estructurales que permitan ampliar el acceso al derecho a la salud para llegar a todos los miembros de nuestra sociedad.

Link al informe:

http://www.agn.gov.ar/informes/informesPDF2012/2012_189.pdf

Según expone un informe de la Auditoría General de la Nación en Argentina al menos el 44% del total de los residuos sólidos urbanos que se generan son vertidos en basurales a cielo abierto o en sitios que no cuentan con los controles mínimos para la preservación de la salud humana y del ambiente. Los datos consignado por la AGN surgen del Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, dependencia creada en 2009 por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.  La mayoría de los municipios grandes –con más de 500 mil habitantes- utilizan para la disposición final de sus residuos el sistema “relleno controlado” (también conocido como relleno sanitario) o en menor medida la “disposición semi controlada”. En cambio al menos un 70% de los municipios pequeños (menos de 10 mil habitantes) vierten sus residuos en basurales a cielo abierto. Y hasta las poblaciones de 100 mil habitantes se mantiene elevado el porcentaje del uso de basurales a cielo abierto en un promedio arriba del 50%.

El informe de la AGN fue aprobado en junio de 2012 y tuvo como objeto auditar la gestión del “Subprograma 1 del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos”.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Algunos de estos municipios pequeños y medianos son linderos a Parques Nacionales, centros de atractivo turístico por sus cualidades paisajísticas y medioambientales. De acuerdo a la información brindada por la Administración de Parques Nacionales la cantidad de visitas a las áreas protegidas ascendía a más de 2,5 millones de personas. Esta afluencia turística ejerce presión sobre los servicios brindados tanto por las áreas protegidas como por los municipios próximos a ellas.

Según la ley 25.916 los centros de disposición final de los residuos no pueden situarse dentro de las áreas protegidas o de sitios que contengan elementos significativos del patrimonio natural y cultural, lo que implica transportarlos y prever su disposición final fuera de los parques y las reservas, o sea, en territorio provincial, específicamente en los municipios vecinos al parque. Este estrato de municipios (aproximadamente 77) pertenece como se mencionó anteriormente a la franja por cantidad de habitantes en la que predomina el basural a cielo abierto como método de disposición final de residuos.

Dentro de ese universo de municipios colindantes es común encontrarse con algunos medianos –como Bariloche- con casi cien mil habitantes según el censo 2001 y otros muy pequeños -como Nono, provincia de Córdoba-, que no llegan a los mil. Sin embargo el hecho de estar en cercanías del área protegida implica que en ciertos casos la cantidad de visitantes sea más relevante que la de habitantes. Basta citar a Puerto Pirámides, que cuenta con aproximadamente 500 habitantes, pero recibe la visita de 3.000 a 12.000 personas por día en fechas pico.

La visita realizada por el equipo de Auditoria a los municipios colindantes a los parques nacionales Nahuel Huapi, Los Alerces y Lago Puelo, permitió verificar la existencia de basurales a cielo abierto y quema en zonas cercanas –o dentro mismo- del ejido urbano. Constituyen posibles focos de enfermedades, contaminación e impacto visual, que en algunos casos se localizan en terrenos limítrofes a bosques nativos, expuestos a infilitración o dispersión de lixiviados por arrastre de aguas y sometidos a la acción de vientos que dispersan los residuos volátiles en el municipio turístico.

El préstamo del BID

El 6 de noviembre de 2007 Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el contrato de préstamo BID Nº 1868/OC-AR destinado a la ejecución del Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos por un monto de US$ 60.000.000 (80%) más  US$ 15.000.000 (20%) de contraparte local, previendo su finalización el 6 de noviembre de 2012.

La finalidad del Programa es apoyar la sustentabilidad ambiental en los municipios turísticos de Argentina, a través de la implementación de Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Para ello, se prevé asistir a la gestión local mediante proyectos para: (i) implementar soluciones técnica, ambiental y financieramente viables; (ii) fortalecer las capacidades de los municipios  para que puedan ejercer efectivamente sus competencias en materia de gestión de residuos; y (iii) ampliar la conciencia y participación de las comunidades locales en esta materia.

De acuerdo al Contrato de Préstamo el Programa está organizado en dos subprogramas.

El  Subprograma 1 comprende a municipios turísticos colindantes de Parques Nacionales. La Secretaría de Turismo actualmente dependiente del Municipio de Turismo es el organismo ejecutor de este Subprograma.

El Subprograma 2 comprende otros municipios turísticos y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable adscripta a la Jefatura de Gabinete es el organismo ejecutor.

El 66,40% del monto total del Programa corresponde al Subprograma 1 (USS 49.800.000) y el 33,60% restante corresponde al Subprograma 2 (USS 25.200.000). De los casi USS 50 millones destinados a financiar el Subprograma 1, 39.800.000 provienen de aporte externo y 10.000.000, de aporte local (pari passu de 80%/20%).

La AGN detectó que habiendo transcurrido el 63% de la vida del Subprograma, solo se ha ejecutado el 17,2% de los fondos. Esta subejecución financiera derivó en el pago de excedentes en concepto de comisiones de crédito por U$S 126.246,90 equivalentes al 50,9% del proyectado. De esta manera las comisiones de compromiso alcanzan al 72,8% de los costos financieros totales del proyecto que incluyen U$S139.518,51 en concepto de intereses a la fecha de corte.

Además el Subprograma no ha cumplido con las metas en su totalidad. Por ejemplo, para el indicador “Nuevos rellenos Sanitarios construidos” del informe semestral al 31/12/2010 surge que se construyeron 2 de los 3 rellenos previstos para 2009 y ninguno de los 10 rellenos previstos para 2010.

En la página 18 del informe de la AGN  se expone el siguiente cuadro que evidencia la diferencia entre metas y logros a la fecha de cierre

 Tabla N° 2

“Indicadores de Producto del Subprograma 1, base anual no acumulada”

Subprograma 1

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Proyectos ejecutivos conclu-idos y con pliegos listos.

meta

6

7

10

11

34

logro

0

0

2

2

Rellenos sanitarios construidos.

meta

3

10

10

11

34

logro

2

0

2

Basurales cerrados.

meta

5

10

10

10

35

logro

6

3

9

Fuente: elaboración propia en base a Marco Lógico anexo a MOP.

La AGN, en su informe, concluyó que el Subprograma no ha acreditado el cumplimiento de actividades relacionadas con recabar opiniones e inquietudes de comunidades adheridas, supervisar actividades de consulta y difusión encomendadas a los municipios y, tramitar y supervisar la difusión pública de resultados de los estudios de impacto ambiental.

Dentro de las causas que permiten explicar los actuales niveles de cumplimiento, por un lado cabe mencionar que la unidad ejecutora no ha tenido un rol activo orientado a  facilitar acuerdos entre municipios próximos para la gestión de su problemática en materia de residuos sólidos (aspecto inherente a este tipo de proyectos oportunamente advertido por el Banco a partir de su experiencia en programas similares), aunque también se advierte que sobre la eficacia del subprograma pudo haber incidido los diversos cambios en la coyuntura institucional en la que se inserta su gestión. La falta de una política de comunicación/difusión universal y sistemática es también una variable que incidió sobre los niveles de eficacia. Así, si bien al iniciarse el Subprograma la Secretaría de Turismo (Unidad Ejecutora) dependía de Presidencia de la Nación, posteriormente fue incorporada al Ministerio de Producción (Decreto 2025/2008), creándose finalmente el Ministerio de Turismo de la Nación (Decreto 919/2010).

Para más información:

Ver informe completo

Sobre este mismo tema la AGN aprobó otra auditoría complementaria a la anterior, igualmente crítica, que tuvo como objeto examinar las acciones realizadas por la Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI) del Ministerio de Turismo, en la implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Municipios Turísticos, durante el período 2009-2010.

Este otro informe concluyó que dada la incipiente ejecución del Programa (17%), resulta prioritario:

  • otorgarle mayor difusión, visibilidad y accesibilidad;
  • precisar los criterios de elegibilidad;
  • incrementar el monitoreo y seguimiento de las actividades de las Consultoras que realizan prácticamente la totalidad de los productos/servicios;
  • garantizar que las actividades de fortalecimiento institucional acompañen todo el proceso y otorguen a los municipios capacidad de control de las obras del Programa.

El Programa requiere mayor articulación con los Municipios, que son los beneficiarios de las obras y estudios y los responsables de su conservación y uso, pero no reciben suficiente fortalecimiento y herramientas para gestionarlos y sostenerlos en el tiempo.

El Programa cuenta con un componente de Fortalecimiento, Capacitación, Sensibilización y Participación, aunque no articula con los Municipios elegibles una etapa de capacitación previa.

El manejo integral de residuos sólidos urbanos está estrechamente vinculado a las acciones de sensibilización y participación comunitaria, por lo que se requiere valorizar el componente de fortalecimiento, aumentar el registro y controlar el impacto de estas actividades. En los basurales saneados visitados en Puerto Iguazú y Andresito se observaron problemas de conservación que evidencian que el Plan de Fortalecimiento Institucional previsto en el Convenio no ha resultado suficiente.

Ver informe completo

 

Etiquetas: , , , , , ,

La AGN aprobó una auditoría que tuvo como objeto el “control de facturación de la telefonía móvil y los medios de recarga electrónica”, en el período 2008-2010.

En la República Argentina, la telefonía móvil celular es un segmento del mercado de las telecomunicaciones que se da en un marco de libre competencia; los operadores no están sujetos a restricciones tarifarias, por lo que los precios finales no están regulados.

Las modalidades de contratación del servicio de telefonía móvil, son elegidas libremente por los usuarios y suelen ser diferenciadas atendiendo a la zona geográfica donde se encuentren. Pueden citarse las siguientes modalidades:

Plan pospago con abono: consiste en el pago por adelantado de un abono fijo mensual para el uso del servicio el cual puede incluir diferentes prestaciones.

Plan prepago con abono: consiste en el pago por adelantado de un abono para el uso del servicio hasta un monto fijo en pesos. Una vez consumido ese monto fijo, las llamadas posteriores o excedentes deberán ser prepagadas, mediante la carga de crédito a través de
modalidades de recarga habilitadas por los prestadores.

Plan prepago puro (o con tarjeta): consiste en el pago anticipado de un valor cierto para efectuar comunicaciones, a través de la carga en la terminal de crédito. Una vez consumida la totalidad del crédito, el servicio permanece activo sólo para recibir llamadas y comunicarse con números de emergencia, sin realizar nuevas recargas, por un lapso determinado luego del cual quedará deshabilitado y posteriormente disponible para otro cliente, dicho plazo de “hibernación” varía según la empresa prestataria de que se trate.
Cabe señalar, que la telefonía móvil ha logrado hasta fines de 2008 un desarrollo considerable, posibilitando el servicio en todo el territorio nacional a un parque de abonados del orden de 47.000.000 (cuarenta y siete millones) de usuarios.

En el año 2010 la cantidad de abonados prepagos ascendía aproximadamente a 47.700.000. La modalidad prepago ha reportado un crecimiento desde que apareció en el mercado de telefonía celular argentino en 1999, donde la adhesión a ella era del orden del 44% del total de las terminales móviles, para llegar hacia fines del 2008 a representar un 90% del mercado, con sus líneas prepagas y mixtas, manteniéndose en esa proporción en 2009 y 2010.

La AGN concluyó en este informe que

* La modalidad de recarga prepaga implementada por las prestadoras, resulta perjudicial para los usuarios.

*Este sistema se implementó, entre otros supuestos, para permitir el acceso a la telefonía celular móvil de sectores de la población de menores recursos.

*Debe destacarse que si bien el sistema funciona bajo un régimen de libre competencia, y no se trata de un servicio público, el alto crecimiento que ha producido, en comparación con el del uso de la red de telefonía básica, incluso con el de telefonía celular bajo modalidad pospago, marca un cambio en los usos y costumbres de la población acordes con la evolución tecnológica que, a veces y dada la velocidad de los cambios, supera las reformas normativas necesarias para adaptarse a los mismos.

Por ello es que se considera que el uso de la telefonía celular reviste el carácter de interés público.

Las cifras expuestas en el informe completo (punto 3.2.2) corroboran lo mencionado. La modalidad prepaga, tal como se ha desarrollado, puede entenderse desde la perspectiva de las empresas prestadoras que buscan maximizar sus beneficios, pero no desde la posición de los usuarios que de acuerdo a sus condiciones económicas no pueden más que recurrir a este sistema para poder hacer uso de la telefonía móvil.


Toda esta oferta de servicios y promociones, deriva en un perjuicio económico a los usuarios, que para poder hacer uso de la telefonía móvil, no tienen más opción que adquirir servicios prepagos.

De la información suministrada por la CNC, resulta que en el mercado el costo del minuto para los servicios prepagos, llega a triplicar a la modalidad pospago.

Así por ejemplo: para T.P.T. de un valor facial de $10-$15, lo que el usuario abona por minuto resulta ser de $0.87, cuando en el pospago “libre 180” el minuto asciende a alrededor de $0.306.

La empresa Personal en noviembre de 2010, para servicios prestados en AMBA, cotizaba un Plan con 100 minutos libres a $ 0,49 o $0,58 el minuto, según se trate de incluidos en el plan o excedentes. En las recargas prepagas el minuto costaba $2,25 con impuestos incluidos.

La empresa Claro (AMX S.A.) para el mismo período, cotizaba a $ 0,41 y $ 0,71 el minuto pospago. En las recargas prepagas el minuto costaba $1,59 con impuestos incluidos. Asimismo, el valor del minuto de las recargas prepagas variaban en sus costos, según el monto del valor de la tarjeta.

No se han podido verificar los valores de la prestadora Telefónica Móviles S.A, atento a que la misma no informa sobre el tema a la CNC, ni la SSDC.

Las conclusiones del informe dicen entre otras cosas que la página Web de la CNC contiene información desactualizada respecto de planes y tarifas. La AGN no verificó acciones que haya llevado a cabo, tendientes a que las empresas prestadoras cumplan con el deber de informar mensualmente sus planes y tarifas vigentes; ni ante otros incumplimientos de las prestadoras respecto de la normativa vigente.

Por último y en función de los hallazgos obtenidos en el desarrollo de la presente auditoría, surge la necesidad de que se proceda a actualizar o modificar el marco regulatorio vigente, que genere cambios normativos que redunden en medidas que beneficien a los usuarios y consumidores de estos servicios en la obtención de mayores y mejores condiciones de elección tanto del servicio como de las condiciones económicas del mismo, así como un control y fiscalización más estricto de las prestadoras.

INFORME COMPLETO

Etiquetas: , , , , , , ,

La Auditoría hizo un informe en ENARSA con el  objeto de verificar la gestión realizada en los planes operativos que forman parte del Programa de Energía Total, en su función técnica, operativa y logística.

Según el sitio oficial del Ministerio de Planificación el Programa de Energia Total (PET)  “tiene como objeto garantizar el abastecimiento de los recursos energéticos” http://pmcg.minplan.gov.ar/html/gestion/pet.php .

En sus observaciones la AGN encontró que,

-ENARSA no realiza un adecuado control y seguimiento de la operatoria del PET.

-ENARSA no cumple con los plazos establecidos por la Ley N° 19.550 y modificatorias, para la presentación de los Estados Contables.

-La información suministrada por ENARSA no resulta consistente en algunos aspectos

  • No hay correspondencia entre los montos informados por ENARSA en concepto de Transferencias del Tesoro, y los depósitos efectuados en la cuenta recaudadora de ENARSA en el Banco de la Nación Argentina para el año 2009.
  • Existen inconsistencias entre los distintos informes confeccionados por ENARSA

-Los precios de gas oil verificados en la documentación suministrada por ENARSA, durante el período auditado, incluyen un valor de premio que excede los valores razonables de flete y seguro.

-Se ha verificado que una operación de compra de gasoil se concretó al precio ofertado por YPF S.A., por encima del precio de mercado y del normalmente utilizado para dichas operaciones, a pesar de la solicitud de ENARSA de una  mejora de la oferta.

-La información suministrada por ENARSA, durante las tareas de campo, respecto de la importación de Gas Oil dentro del PET es insuficiente e incompleta para el análisis de la operación.

-Se ha verificado la ausencia de supervisión y control por parte de ENARSA en el Puerto de Ingeniero White, donde se realiza toda la operación de Regasificación.

-A pesar de percibir del Estado Nacional una comisión del 1,5 % en concepto de honorarios por la gestión del PET, ENARSA subcontrata y reconoce contractualmente comisiones de 0,5% por gestión con terceros por la compraventa de combustibles líquidos de petróleo y GNL, generando mayores costos en las operaciones.

El período auditado comprende desde el 1° de enero de 2008 hasta el 30 de abril de 2010.

 

Iink al informe http://www.agn.gov.ar/informes/informesPDF2012/2012_161.pdf

Etiquetas: , , ,

prensa agn

Prensa y Comunicación-Auditoría General de la Nación - Transparencia - AccesoAlaInformación