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Prensa y Comunicación-Auditoría General de la Nación – Transparencia – AccesoAlaInformación

Tag Archives: Colegio de Auditores

La AGN ya formalizó una denuncia penal contra la empresa VIANI S.A por usurpación del edificio, nueva sede de la institución presidida por Leandro Despouy quién hoy intentó sin éxito que lo dejaran ingresar.

“Que no nos hayan dejado entrar confirma que la empresa se encuentra usurpando el edificio tal como expusimos en la denuncia. Tuvimos que hablar con los periodistas en la vereda”, expuso Despouy.

Luego de años de reiterados y sistemáticos incumplimientos por parte de la empresa conducida por el empresario  Andrés Enrique Galera, adjudicataria de la obra de restauración de la futura sede de la AGN desde 2007;  y luego de un comportamiento moroso y lesivo que causó un grave daño económico y funcional a la AGN por la postergación injustificada del traslado a la nueva sede ubicada en Rivadavia 1757, se accionó judicialmente con el fin de obtener la restitución del inmueble.

Asimismo, el Colegio de Auditores Generales resolvió en la sesión del día 13 de noviembre de 2013  que su Presidente, Leandro Despouy, junto a otros Auditores Generales, se haga presente en la obra el jueves 14 de noviembre para exigir a la empresa el compromiso de la entrega inmediata del edificio.

VIANI S.A todavía no se comprometió formalmente a entregar el edificio a la AGN.

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La AGN aprobó esta semana un informe realizado en la CNRT y la Secretaría  de Transporte sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales y sobre el control del regulador respecto del corredor ferroviario de carga explotado por América Latina Logística Central S.A. – (ALL Central)

Desde el inicio de la concesión hasta octubre de 2012 ALL Central adeuda al Estado Nacional por el 70% del canon $237.486.157,65 en concepto de capital e intereses, superando en un 866% la garantía de cumplimiento  de contrato.

La falta de pago de 6 mensualidades acumuladas habilita a rescindir el contrato.

Tampoco depositó a favor del sistema de seguridad social (ANSES) el 30% del canon como exige la ley 23.966.

La AGN ya lo había observado en un informe de 2009.

La deuda desde el inicio de la Concesión asciende a octubre 2012, sólo en concepto de capital: $22.685.655,13

Principales incumplimientos:

√ en infraestructura de vía, de 935 Km de reparación pesada propuestos, se ejecutaron 162 Km (17%) en forma parcial y 0 Km de los 197 Km de reparación liviana previstos en el contrato.

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El informe se realizó con el objetivo de comprobar los progresos en la implementación de sistemas de información pública y de libre acceso y los resultados de su aplicación, enumerados en el artículo 8º de la precitada ley.

Las tareas de campo fueron desarrolladas desde el 08 de septiembre al 30 de noviembre de 2011.

La Jefatura de Gabinete de Ministros, en su calidad de autoridad de aplicación del cumplimiento de la ley, brindaba por medio de Internet hasta el 2º trimestre de 2011, la información requerida por el art. 8º de la Ley 25.152, y las actualizaciones producidas.

Como resultado de las tareas de campo, la AGN verificó que la página web http://www.argentina.gov.ar, dejó de brindar en forma centralizada los vínculos dentro de los cuales se destacaba “Transparencia”, que como dijéramos en informes anteriores era el medio que permitía conectarse a través del sitio web de la Jefatura de Gabinete de Ministros con la información pertinente.

Los Lineamientos Estratégicos del Plan Nacional de Gobierno Electrónico, establecidos en el Decreto Nº 378/05, dictado con posterioridad a la Ley 25.152, que tuvo como uno de sus objetivos aumentar los niveles de información y gestión de control ciudadano, concordante con los requerimientos del artículo 8º de la citada ley, no son coincidentes con la situación señalada precedentemente.

Además, entre sus observaciones la AGN observó que

Se continúa sin novedad alguna con relación al requerimiento del inciso l) del artículo 8º de la Ley Nº 25.152, de “toda la información necesaria para que pueda realizarse el control comunitario de los gastos sociales”.  

En conclusión, los informes de auditoría efectuados hasta la fecha han señalado la necesidad de reglamentación del artículo 8º de la Ley 25.152, a efectos de poder superar el cumplimiento parcial sobre el acceso y publicidad de la información de carácter público que detalla en el mencionado artículo.

Por su parte, la Jefatura de Gabinete de Ministros expresó en sus conclusiones a los informes, que entiende innecesaria la reglamentación del  artículo.

El artículo 8° de la Ley 25.152 no ha sido reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Ver informe completo 

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Según expone un informe de la Auditoría General de la Nación en Argentina al menos el 44% del total de los residuos sólidos urbanos que se generan son vertidos en basurales a cielo abierto o en sitios que no cuentan con los controles mínimos para la preservación de la salud humana y del ambiente. Los datos consignado por la AGN surgen del Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, dependencia creada en 2009 por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.  La mayoría de los municipios grandes –con más de 500 mil habitantes- utilizan para la disposición final de sus residuos el sistema “relleno controlado” (también conocido como relleno sanitario) o en menor medida la “disposición semi controlada”. En cambio al menos un 70% de los municipios pequeños (menos de 10 mil habitantes) vierten sus residuos en basurales a cielo abierto. Y hasta las poblaciones de 100 mil habitantes se mantiene elevado el porcentaje del uso de basurales a cielo abierto en un promedio arriba del 50%.

El informe de la AGN fue aprobado en junio de 2012 y tuvo como objeto auditar la gestión del “Subprograma 1 del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos”.

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Algunos de estos municipios pequeños y medianos son linderos a Parques Nacionales, centros de atractivo turístico por sus cualidades paisajísticas y medioambientales. De acuerdo a la información brindada por la Administración de Parques Nacionales la cantidad de visitas a las áreas protegidas ascendía a más de 2,5 millones de personas. Esta afluencia turística ejerce presión sobre los servicios brindados tanto por las áreas protegidas como por los municipios próximos a ellas.

Según la ley 25.916 los centros de disposición final de los residuos no pueden situarse dentro de las áreas protegidas o de sitios que contengan elementos significativos del patrimonio natural y cultural, lo que implica transportarlos y prever su disposición final fuera de los parques y las reservas, o sea, en territorio provincial, específicamente en los municipios vecinos al parque. Este estrato de municipios (aproximadamente 77) pertenece como se mencionó anteriormente a la franja por cantidad de habitantes en la que predomina el basural a cielo abierto como método de disposición final de residuos.

Dentro de ese universo de municipios colindantes es común encontrarse con algunos medianos –como Bariloche- con casi cien mil habitantes según el censo 2001 y otros muy pequeños -como Nono, provincia de Córdoba-, que no llegan a los mil. Sin embargo el hecho de estar en cercanías del área protegida implica que en ciertos casos la cantidad de visitantes sea más relevante que la de habitantes. Basta citar a Puerto Pirámides, que cuenta con aproximadamente 500 habitantes, pero recibe la visita de 3.000 a 12.000 personas por día en fechas pico.

La visita realizada por el equipo de Auditoria a los municipios colindantes a los parques nacionales Nahuel Huapi, Los Alerces y Lago Puelo, permitió verificar la existencia de basurales a cielo abierto y quema en zonas cercanas –o dentro mismo- del ejido urbano. Constituyen posibles focos de enfermedades, contaminación e impacto visual, que en algunos casos se localizan en terrenos limítrofes a bosques nativos, expuestos a infilitración o dispersión de lixiviados por arrastre de aguas y sometidos a la acción de vientos que dispersan los residuos volátiles en el municipio turístico.

El préstamo del BID

El 6 de noviembre de 2007 Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el contrato de préstamo BID Nº 1868/OC-AR destinado a la ejecución del Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos por un monto de US$ 60.000.000 (80%) más  US$ 15.000.000 (20%) de contraparte local, previendo su finalización el 6 de noviembre de 2012.

La finalidad del Programa es apoyar la sustentabilidad ambiental en los municipios turísticos de Argentina, a través de la implementación de Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Para ello, se prevé asistir a la gestión local mediante proyectos para: (i) implementar soluciones técnica, ambiental y financieramente viables; (ii) fortalecer las capacidades de los municipios  para que puedan ejercer efectivamente sus competencias en materia de gestión de residuos; y (iii) ampliar la conciencia y participación de las comunidades locales en esta materia.

De acuerdo al Contrato de Préstamo el Programa está organizado en dos subprogramas.

El  Subprograma 1 comprende a municipios turísticos colindantes de Parques Nacionales. La Secretaría de Turismo actualmente dependiente del Municipio de Turismo es el organismo ejecutor de este Subprograma.

El Subprograma 2 comprende otros municipios turísticos y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable adscripta a la Jefatura de Gabinete es el organismo ejecutor.

El 66,40% del monto total del Programa corresponde al Subprograma 1 (USS 49.800.000) y el 33,60% restante corresponde al Subprograma 2 (USS 25.200.000). De los casi USS 50 millones destinados a financiar el Subprograma 1, 39.800.000 provienen de aporte externo y 10.000.000, de aporte local (pari passu de 80%/20%).

La AGN detectó que habiendo transcurrido el 63% de la vida del Subprograma, solo se ha ejecutado el 17,2% de los fondos. Esta subejecución financiera derivó en el pago de excedentes en concepto de comisiones de crédito por U$S 126.246,90 equivalentes al 50,9% del proyectado. De esta manera las comisiones de compromiso alcanzan al 72,8% de los costos financieros totales del proyecto que incluyen U$S139.518,51 en concepto de intereses a la fecha de corte.

Además el Subprograma no ha cumplido con las metas en su totalidad. Por ejemplo, para el indicador “Nuevos rellenos Sanitarios construidos” del informe semestral al 31/12/2010 surge que se construyeron 2 de los 3 rellenos previstos para 2009 y ninguno de los 10 rellenos previstos para 2010.

En la página 18 del informe de la AGN  se expone el siguiente cuadro que evidencia la diferencia entre metas y logros a la fecha de cierre

 Tabla N° 2

“Indicadores de Producto del Subprograma 1, base anual no acumulada”

Subprograma 1

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Proyectos ejecutivos conclu-idos y con pliegos listos.

meta

6

7

10

11

34

logro

0

0

2

2

Rellenos sanitarios construidos.

meta

3

10

10

11

34

logro

2

0

2

Basurales cerrados.

meta

5

10

10

10

35

logro

6

3

9

Fuente: elaboración propia en base a Marco Lógico anexo a MOP.

La AGN, en su informe, concluyó que el Subprograma no ha acreditado el cumplimiento de actividades relacionadas con recabar opiniones e inquietudes de comunidades adheridas, supervisar actividades de consulta y difusión encomendadas a los municipios y, tramitar y supervisar la difusión pública de resultados de los estudios de impacto ambiental.

Dentro de las causas que permiten explicar los actuales niveles de cumplimiento, por un lado cabe mencionar que la unidad ejecutora no ha tenido un rol activo orientado a  facilitar acuerdos entre municipios próximos para la gestión de su problemática en materia de residuos sólidos (aspecto inherente a este tipo de proyectos oportunamente advertido por el Banco a partir de su experiencia en programas similares), aunque también se advierte que sobre la eficacia del subprograma pudo haber incidido los diversos cambios en la coyuntura institucional en la que se inserta su gestión. La falta de una política de comunicación/difusión universal y sistemática es también una variable que incidió sobre los niveles de eficacia. Así, si bien al iniciarse el Subprograma la Secretaría de Turismo (Unidad Ejecutora) dependía de Presidencia de la Nación, posteriormente fue incorporada al Ministerio de Producción (Decreto 2025/2008), creándose finalmente el Ministerio de Turismo de la Nación (Decreto 919/2010).

Para más información:

Ver informe completo

Sobre este mismo tema la AGN aprobó otra auditoría complementaria a la anterior, igualmente crítica, que tuvo como objeto examinar las acciones realizadas por la Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI) del Ministerio de Turismo, en la implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Municipios Turísticos, durante el período 2009-2010.

Este otro informe concluyó que dada la incipiente ejecución del Programa (17%), resulta prioritario:

  • otorgarle mayor difusión, visibilidad y accesibilidad;
  • precisar los criterios de elegibilidad;
  • incrementar el monitoreo y seguimiento de las actividades de las Consultoras que realizan prácticamente la totalidad de los productos/servicios;
  • garantizar que las actividades de fortalecimiento institucional acompañen todo el proceso y otorguen a los municipios capacidad de control de las obras del Programa.

El Programa requiere mayor articulación con los Municipios, que son los beneficiarios de las obras y estudios y los responsables de su conservación y uso, pero no reciben suficiente fortalecimiento y herramientas para gestionarlos y sostenerlos en el tiempo.

El Programa cuenta con un componente de Fortalecimiento, Capacitación, Sensibilización y Participación, aunque no articula con los Municipios elegibles una etapa de capacitación previa.

El manejo integral de residuos sólidos urbanos está estrechamente vinculado a las acciones de sensibilización y participación comunitaria, por lo que se requiere valorizar el componente de fortalecimiento, aumentar el registro y controlar el impacto de estas actividades. En los basurales saneados visitados en Puerto Iguazú y Andresito se observaron problemas de conservación que evidencian que el Plan de Fortalecimiento Institucional previsto en el Convenio no ha resultado suficiente.

Ver informe completo

 

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La AGN aprobó una auditoría que tuvo como objeto el “control de facturación de la telefonía móvil y los medios de recarga electrónica”, en el período 2008-2010.

En la República Argentina, la telefonía móvil celular es un segmento del mercado de las telecomunicaciones que se da en un marco de libre competencia; los operadores no están sujetos a restricciones tarifarias, por lo que los precios finales no están regulados.

Las modalidades de contratación del servicio de telefonía móvil, son elegidas libremente por los usuarios y suelen ser diferenciadas atendiendo a la zona geográfica donde se encuentren. Pueden citarse las siguientes modalidades:

Plan pospago con abono: consiste en el pago por adelantado de un abono fijo mensual para el uso del servicio el cual puede incluir diferentes prestaciones.

Plan prepago con abono: consiste en el pago por adelantado de un abono para el uso del servicio hasta un monto fijo en pesos. Una vez consumido ese monto fijo, las llamadas posteriores o excedentes deberán ser prepagadas, mediante la carga de crédito a través de
modalidades de recarga habilitadas por los prestadores.

Plan prepago puro (o con tarjeta): consiste en el pago anticipado de un valor cierto para efectuar comunicaciones, a través de la carga en la terminal de crédito. Una vez consumida la totalidad del crédito, el servicio permanece activo sólo para recibir llamadas y comunicarse con números de emergencia, sin realizar nuevas recargas, por un lapso determinado luego del cual quedará deshabilitado y posteriormente disponible para otro cliente, dicho plazo de “hibernación” varía según la empresa prestataria de que se trate.
Cabe señalar, que la telefonía móvil ha logrado hasta fines de 2008 un desarrollo considerable, posibilitando el servicio en todo el territorio nacional a un parque de abonados del orden de 47.000.000 (cuarenta y siete millones) de usuarios.

En el año 2010 la cantidad de abonados prepagos ascendía aproximadamente a 47.700.000. La modalidad prepago ha reportado un crecimiento desde que apareció en el mercado de telefonía celular argentino en 1999, donde la adhesión a ella era del orden del 44% del total de las terminales móviles, para llegar hacia fines del 2008 a representar un 90% del mercado, con sus líneas prepagas y mixtas, manteniéndose en esa proporción en 2009 y 2010.

La AGN concluyó en este informe que

* La modalidad de recarga prepaga implementada por las prestadoras, resulta perjudicial para los usuarios.

*Este sistema se implementó, entre otros supuestos, para permitir el acceso a la telefonía celular móvil de sectores de la población de menores recursos.

*Debe destacarse que si bien el sistema funciona bajo un régimen de libre competencia, y no se trata de un servicio público, el alto crecimiento que ha producido, en comparación con el del uso de la red de telefonía básica, incluso con el de telefonía celular bajo modalidad pospago, marca un cambio en los usos y costumbres de la población acordes con la evolución tecnológica que, a veces y dada la velocidad de los cambios, supera las reformas normativas necesarias para adaptarse a los mismos.

Por ello es que se considera que el uso de la telefonía celular reviste el carácter de interés público.

Las cifras expuestas en el informe completo (punto 3.2.2) corroboran lo mencionado. La modalidad prepaga, tal como se ha desarrollado, puede entenderse desde la perspectiva de las empresas prestadoras que buscan maximizar sus beneficios, pero no desde la posición de los usuarios que de acuerdo a sus condiciones económicas no pueden más que recurrir a este sistema para poder hacer uso de la telefonía móvil.


Toda esta oferta de servicios y promociones, deriva en un perjuicio económico a los usuarios, que para poder hacer uso de la telefonía móvil, no tienen más opción que adquirir servicios prepagos.

De la información suministrada por la CNC, resulta que en el mercado el costo del minuto para los servicios prepagos, llega a triplicar a la modalidad pospago.

Así por ejemplo: para T.P.T. de un valor facial de $10-$15, lo que el usuario abona por minuto resulta ser de $0.87, cuando en el pospago “libre 180” el minuto asciende a alrededor de $0.306.

La empresa Personal en noviembre de 2010, para servicios prestados en AMBA, cotizaba un Plan con 100 minutos libres a $ 0,49 o $0,58 el minuto, según se trate de incluidos en el plan o excedentes. En las recargas prepagas el minuto costaba $2,25 con impuestos incluidos.

La empresa Claro (AMX S.A.) para el mismo período, cotizaba a $ 0,41 y $ 0,71 el minuto pospago. En las recargas prepagas el minuto costaba $1,59 con impuestos incluidos. Asimismo, el valor del minuto de las recargas prepagas variaban en sus costos, según el monto del valor de la tarjeta.

No se han podido verificar los valores de la prestadora Telefónica Móviles S.A, atento a que la misma no informa sobre el tema a la CNC, ni la SSDC.

Las conclusiones del informe dicen entre otras cosas que la página Web de la CNC contiene información desactualizada respecto de planes y tarifas. La AGN no verificó acciones que haya llevado a cabo, tendientes a que las empresas prestadoras cumplan con el deber de informar mensualmente sus planes y tarifas vigentes; ni ante otros incumplimientos de las prestadoras respecto de la normativa vigente.

Por último y en función de los hallazgos obtenidos en el desarrollo de la presente auditoría, surge la necesidad de que se proceda a actualizar o modificar el marco regulatorio vigente, que genere cambios normativos que redunden en medidas que beneficien a los usuarios y consumidores de estos servicios en la obtención de mayores y mejores condiciones de elección tanto del servicio como de las condiciones económicas del mismo, así como un control y fiscalización más estricto de las prestadoras.

INFORME COMPLETO

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El Auditor General de la Nación, Oscar Lamberto participó en el programa Pesos y Contrapesos de la Auditoría General de la Federación y el Congreso (México), en un programa especial dedicado a la Reunión de la Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente (COMTEMA).

“La de las auditorías ambientales es toda una temática nueva porque en realidad las Entidades de Fiscalización Superior tradicionalmente se dedicaron a actividades contables y financieras, casi era un tema de contadores, a ver si el balance estaba bien hecho, si los recursos presupuestarios están bien asignados”, dijo Lamberto.

 

Agregó: “Pero la sociedad empezó a demandar otra cosa. Saber si el agua que toma es pura, si el transporte en el que viaja es seguro, si el rio en el que se va a bañar esta contaminado, si el basural que tiene cerca afecta su calidad de vida, si la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera genera cambios climáticos”.

 

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La AGN aprobó una nueva auditoria sobre las acciones de control de agroquímicos desarrolladas en el SENASA, implementadas por la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, durante el período enero 2007-marzo 2011.

Las conclusiones más destacadas son las siguientes:

Según advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el excesivo uso de plaguicidas y otras sustancias agroquímicas, causó en muchos países un grave deterioro del medio ambiente y puso en peligro la salud pública.

Por ello, es imprescindible que el Estado extreme las medidas de control sobre los agroquímicos en todas las etapas, desde su producción hasta su disposición final, incluyendo su almacenamiento, comercialización y, especialmente, aplicación. A su vez, es fundamental que se realicen monitoreos permanentes de los alimentos para detectar la presencia de residuos, con el fin de garantizar la salud de los ciudadanos.

En relación a las tareas del SENASA, se advierte que algunos aspectos de la gestión de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a través de los sistemas SICOFHOR (Sistema de Control en Frutas y Hortalizas Frescas) y SIFFAB (Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos) deberían ser mejorados, para que cuenten con recursos y personal suficientes para realizar las tareas de control de manera eficiente y eficaz, evitando la sobrecarga de tareas por la necesidad de atender demandas de otros sectores.

Si bien el SIFFAB ha desarrollado el Programa Operativo 2009-2010 con un incremento considerable en el número de inspecciones a comercios y depósitos de agroquímicos respecto de los años anteriores, concentra sus acciones de fiscalización en los listados que disponen de comercios y depósitos de agroquímicos. Pero, al carecer del universo completo de los comercios, quedan fuera de control aquellos que no figuran en los listados disponibles. Esta situación provoca acciones focalizadas en los establecimientos conocidos, y deja de lado el control en la aplicación de la normativa vigente en los no identificados.

Por otra parte, no se evidencian avances en el uso de la red de laboratorios con el fin de aumentar la cantidad de muestras que se podrían tomar en las inspecciones. De esta manera, se corre el riesgo de generar una aceptación de esta externalidad negativa como cualidad natural del sistema y que esta limitación quede instalada.

El SIFFAB, en cuanto a la disposición final de envases, vio reducidas sus funciones de control en relación a las que tenía asignadas cuando fue creado, entendiendo en la actualidad sólo en el fomento y difusión mediante talleres, sobre el manejo y uso racional de agroquímicos y buenas prácticas.

Respecto del SICOFHOR, se deberían redoblar los controles para asegurar la correcta identificación de todos los productos frutihortícolas y alcanzar su trazabilidad efectuando el monitoreo de contaminantes microbiológicos para garantizar la inocuidad de los alimentos.

Asimismo es importante gestionar los mecanismos para evitar la dilación de los tiempos de entrega de los informes con los resultados de los análisis de residuos de plaguicidas por parte de los laboratorios, ya que podría implicar la comercialización de productos riesgosos para la población.

Finalmente, debido a la alta sensibilidad del tema, sería conveniente que el SENASA desarrolle una estrategia de comunicación y difusión de los procedimientos de monitoreo de residuos de plaguicidas y contaminantes microbiológicos llevados a cabo por el SICOFHOR y de sus resultados, que tenga como objetivo generar conciencia acerca de los controles que el Estado realiza en frutas y hortalizas para asegurar su calidad e inocuidad.

El informe completo aquí

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Gestión sobre el “Programa de mejoramiento del sistema educativo (PROMSE)- Programa 700 escuelas -Ver informe completo- 

* Específicamente sobre el subprograma II “Expansión de la infraestructura escolar”

* El proyecto fue parcialmente financiado con el préstamo 1345/OC-AR del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

* El período auditado va desde el 22 de junio de 2004 al 31 de diciembre de 2008.

* Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1 de abril y el 20 de noviembre de 2009.

Aclaraciones previas

–         De acuerdo a la Dirección Nacional de Información y Evaluación de localidad Educativa del Ministerio de Educación, en el año 2007 se podían contabilizar 34.574 establecimientos educativos dependientes del sector estatal en todo el territorio nacional.

–         En virtud de los criterios de descentralización y federalización asociados ala Ley Federal de Educación Nº 24.195 y de acuerdo al artículo 12 dela Ley de Educación Nacional Nº 26.206 no es sólo el Estado nacional –en este caso a través del programa 700 escuelas- quien implementa la construcción de escuelas. Las provincias yla Ciudad Autónomade Buenos Aires son co-responsables de la planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional de manera concertada y concurrente.

–         El 20 de noviembre de 2003 se suscribe el convenio de préstamo entre el Ministerio de Economía y Producción y el representante del BID. Acuerdan la financiación del “Programa de mejoramiento del sistema educativo (PROMSE) previendo su finalización el 20 de noviembre de 2008.

–         El programa se dividió en dos Subprogramas:

–         “Mejoramiento dela Calidady Equidad dela Educación” a cargo del Ministerio de Educación dela Nación” (Subprograma I)

–          “Expansión de la infraestructura escolar” (Subprograma 2) orientado al financiamiento de nueva infraestructura educativa, a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y objeto de este informe.

–         Para ambos se previó su finalización original hacia fines de 2008.

–         Hubo una reducción del financiamiento total del Programa de US$ 1.200 a US$ 1.000 millones entre aporte local y financiamiento del BID.

Obras en el marco del Subprograma II del PROMSE

–         Al 31 de diciembre de 2008 el 78,7% de las obras habían sido concluidas (con recepción provisoria más recepción definitiva). De cálculos auxiliares surge que las obras en estado de “ejecución” presentaban un avance promedio del 72%.

–         A cada obra o edificio escolar le corresponde uno o más niveles educativos, constituyendo cada uno la condición de “institución educativa” con su correspondiente número de habilitación. De este modo es posible asociar 900 niveles educativos a las 682 obras. La cantidad expuesta de 710 escuelas no responde ni a uno ni a otro criterio sino que los combina, computando a la mayoría de las obras como una única escuela (aunque se asocien a más de un nivel educativo) y otras según la cantidad de niveles que comprende. En efecto, 3 obras fueron computadas como nueve escuelas (por corresponderles 3 niveles educativos a cada una) 22 obras fueron computadas como 44 escuelas (por corresponderles 2 niveles) y 657 obras fueron computadas como esa misma cantidad de escuelas independientemente de la cantidad de niveles que comprendieran. 

Más observaciones

–         Si bien el Subprograma nunca elaboró Planes Operativos Anuales, cuenta con un sistema de desarrollo propio de planificación y control de gestión, no formalizado con el BID.

–         El Subprograma no cumplió con la emisión regular de los Informes Semestrales. Si bien no rindió cuentas regularmente de la ejecución de su gestión mediante la presentación de informes semestrales, cuenta con un sistema de desarrollo propio de planificación y control no formalizado con el BID.

–         No hubo en la etapa de diseño del Subprograma, suficiente precisión en el cálculo de la dimensión de los edificios escolares a ser construidos.

–         Se pagaron comisiones de compromiso excedentes por US$ 384.765,36 (equivalentes al 68,7% de la proyección teórica). Este valor se explica fundamentalmente por las demoras en la ejecución durante los primeros dos años del Subprograma.

 Análisis de “Cumplimiento del Pliego” sobre obras inspeccionadas en las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. 

– Para ninguna de las obras verificadas consta que se haya cumplido con la presentación de los “Planos Conforme a Obra” y los “Certificados de Aprobación de Instalaciones”.

Estos documentos deben presentarse en la Municipalidadpara obtener la aprobación, registración y la certificación de que tanto la obra como las instalaciones cumplen con las normas exigidas.

– Los “Manuales de Mantenimiento y Operación de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas” no han sido entregados a las autoridades de ninguno de los establecimientos visitados.

Esta falencia atenta contra un correcto mantenimiento de los establecimientos escolares.

– Hay tareas especificadas en los pliegos que no fueron ejecutadas y cambios para los que no se ha provisto documentación respaldatoria. 

Si bien el valor de estas sub-ejecuciones es exiguo respecto del monto de cada obra, se considera importante contar con la documentación que respalde cada uno de los cambios que se realicen sobre lo acordado por las partes a través del pliego.

Análisis  de la “Ejecución de las Tareas” sobre obras inspeccionadas en las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires

– Se ha detectado que todas las escuelas inspeccionadas presentan, dentro de un lapso relativamente breve desde su entrega provisoria o definitiva, fallas en la ejecución de algunas tareas y/o tareas incompletas

Si bien el valor de las fallas detectadas y/o tareas incompletas, representan un monto bajo dentro del valor de cada obra, estas observaciones se han manifestado en todas las obras visitadas.

 

Análisis de la “Funcionalidad de los Proyectos” sobre obras inspeccionadas en las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires

Las instalaciones complejas (ascensores, instalaciones de incendio con hidrantes y bombas de impulsión, plantas de tratamiento cloacal, etc.) de algunas proyectos, requieren de un mantenimiento específico no acorde con las posibilidades institucionales o jurisdiccionales.

Como consecuencia de esta situación, en general, ante un desperfecto, el problema no es solucionado o bien no es solucionado de manera óptima con lo cual, los sistemas no funcionan o funcionan de manera incorrecta.

La optimización de la funcionalidad de los establecimientos escolares estuvo limitada por no contarse – durante la etapa de proyecto – con un procedimiento articulado de intercambio con sus usuarios finales. 

Si bien en todos los casos se reconoce que los edificios escolares han contribuido significativamente a la mejora de la situación previa a su construcción, a partir de las entrevistas realizadas se ha detectado que una porción significativa de los directivos escolares manifestó la posibilidad de que los edificios escolares encuentren mejorada su funcionalidad, de manera consistente con su proyecto educativo. A consecuencia de esta situación se han visualizado subdivisiones de locales o usos distintos a los que se proyectaban en el pliego. Una mayor participación entre los directivos escolares y las autoridades jurisdiccionales competentes en la materia durante la fase de proyecto, podría haber redundado en una optimización pedagógica de los espacios, cumpliendo de manera más ajustada a contribuir con la adecuada funcionalidad para alcanzar los niveles de calidad educativa requerida.

 

– Se han detectado, para todos los establecimientos inspeccionados, que los “espacios exteriores” no han sido debidamente tenidos en cuenta en el momento del desarrollo del proyecto y conformación del pliego licitatorio.

– No se ha tenido debidamente en cuenta en el proyecto la terminación de los espacios exteriores de la escuela (área comprendida entre el edificio y el cerco perimetral). Los pliegos sólo prevén plantar algunos árboles, por lo que los espacios exteriores se observan deteriorados y con malezas.

– En general los proyectos no contemplan sistemas que mitiguen el impacto del sol y del calor durante la época estival (parasoles y sistemas de acondicionamiento térmico).

– En referencia a medios de protección para las ventanas (parasoles) éstos no fueron contemplados o bien no cumplen con su finalidad lo cual, combinado con la falta de previsión en relación a los sistemas de acondicionamiento térmico, incide sobre el normal desenvolvimiento de la actividad de las escuelas y determina que las autoridades del establecimiento intenten resolverlo luego de terminada la obra, muchas veces de manera precaria.

– El diseño de los proyectos ubica las puertas con barrales antipánico en áreas de uso intensivo. Adicionalmente no se han contemplado apropiados mecanismos de seguridad que permitan su instalación en instituciones en las que estas puertas son violentadas para ingresar al establecimiento.

– Si bien este sistema garantiza la rápida evacuación, no soporta un uso intensivo como el que sufre de colocarse, por ejemplo, en el acceso principal de un establecimiento escolar,  por lo que las puertas rápidamente se deterioran. Complementariamente se ha observado que no poseen cerradura de seguridad, con lo cual también son fácilmente violables desde el exterior, hecho comprobado y mencionado en las entrevistas a  instituciones en las que existen episodios recurrentes de intrusión. Naturalmente, las puertas más deterioradas por el uso intensivo son de una aún más fácil violación.

– En términos generales, en el diseño de los proyectos no se observa la estandarización de ciertas instalaciones y/o elementos de obra que son resueltos a criterio de cada jurisdicción, lo cual, eventualmente, genera distintos niveles de calidad y prestación y supone una prescindencia de la experiencia acumulada por la gestión nacional del proyecto.

– Esta circunstancia se evidencia para instalaciones como depósitos de inodoros, griferías en baños, sistemas de calefacción y tipos de carpinterías (fundamentalmente ventanas).

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La AGN aprobó en 2007 mediante la resolución 62, un informe crítico acerca del rol de la Secretaría de Energía en el control de la liquidación y el pago de las regalías petroleras.

El informe abarcó el periodo mayo 2004-diciembre 2005

En 2010 la AGN realizó un nuevo informe de seguimiento de las recomendaciones que ya había hecho a la Secretaría de Energía. Esta vez el período auditado abarcó desde enero de 2006 hasta febrero de 2008.

Fue girado al Secretario de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Daniel Cameron  (designado mediante el Decreto N° 74 del 29 de mayo de 2003; Decreto Nº 22 del 10 de diciembre de 2007, Decreto Nº 79 del 10 de diciembre de 2011)

Entre los datos más relevantes de ambas auditorías, encontramos los siguientes:

1)   No hay un registro íntegro, completo, veraz y actualizado que identifique cada una de las áreas, yacimientos y empresas declarantes de las concesiones en explotación, de manera que la Secretaría de Energía no puede determinar la totalidad de los sujetos obligados a presentar Declaraciones Juradas. (DDJJ)

2)      La S.E no tiene un sistema de información y gestión eficiente.

3)      La S.E no solicita ningún tipo de documentación respaldatoria ni realiza inspecciones o controles in situ para validar los datos informados en las DDJJ.

4)      La SE no tiene un sistema de registro completo y suficiente que le permita ejercer un adecuado control de las sumas ingresadas en concepto de regalías petroleras.

Quizás la observación más alarmante que detectó la AGN es la que advierte que “Ha habido una disminución sistemática de los valores de explotación declarados en jurisdicción nacional.

El promedio alcanza al 43,88% MENOS de producción registrado para el año 2007 con relación al 2006, tendencia que se sostiene en los primeros meses de 2008.

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La AGN realizó un informe que tuvo por objeto al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos como controlador de las concesiones de los aeropuertos de Trelew, Ushuaia y El Calafate.

El ORSNA -entre otras funciones- se encarga del control sobre mantenimiento, conservación y actualización de la infraestructuraa aeroportuaria.

Los aeropuertos concesionados por la firma London Supply S.A. son Aeropuerto Internacional de Ushuaia, Aeropuerto Internacional El Calafate y Aeropuerto Internacional de Trelew.

Los tres contratos fueron suscriptos por autoridades locales como concedentes por lo que la autoridad local es quien desempeña las tareas de Autoridad de Aplicación.

Los servicios comprendidos en la Concesión son:

1) Explotación terminal aeroportuaria; 2) Explotación de locales comerciales y oficinas; 3) Explotación playa de estacionamiento; 4) Explotación espacio de publicidad; 5) Sistema de tránsito interno y asistencia al pasajero; 6) Sistema de uso de pista de aterrizaje y plataforma de estacionamiento de aeronaves; 7) Sistema de limpieza general del aeropuerto; 8) Sistema de limpieza de pista; 9) Mantenimiento general de instalaciones fijas y móviles; 10) Explotación por el uso de pasarelas telescópicas; 11) Venta de combustible; 12) Catering; 13) Hangaraje; 14) Tiendas libres de impuesto; 15) Explotación sala VIP; 16) Servicio de Carga; 17) Servicio de Rampa; 18) Explotación de bar y restaurante; 19) Transporte pre y post aéreo.

Mientras que la Provincia provee el servicio médico y ambulancias en el predio aeroportuario.

La aplicación de sanciones a los concesionarios es establecida por las autoridades de aplicación, en este caso son las autoridades locales. En el caso de Trelew el municipio, y en Ushuahia y Calafate las provincias. Todo esto genera que la potestad sancionatoria del ORSNA quede fuera de su competencia.

La AGN encontró:

– Expedientes por los que tramitan los proyectos de ampliación y remodelación de los Aeropuertos que presentan deficiencias.

– Las Torres de Control de los Aeropuertos de Ushuaia y Trelew no se ajustan a lo normado en el Cuadro de Protección Contra Incendios.

– El servicio de provisión de agua contra incendio del Aeropuerto de Trelew se encontraba interrumpido en la fecha en que la AGN realizó el relevamiento.

– En la plataforma del Aeropuerto de Trelew se encuentra ubicado en forma inconveniente un surtidor de combustible y la pista del Aeropuerto de Trelew presenta irregularidades superficiales, déficit de mantenimiento y contaminación con caucho. (Ver foto)

– Durante el relevamiento a los aeropuertos de Ushuaia y Trelew se visualizaron aves y otras especies en el interior de los predios. Tanto el cerco como el camino perimetral de los Aeropuertos presentan deficiencias, que persisten en el tiempo sin ser resueltas.

– Los Planes de Neutralización de Emergencias y Evacuación no se encuentran actualizados, ni han sido debidamente aprobados.

-Las inspecciones que realiza el ORSNA no responden a un plan anual acordado y prestablecido.

– Los tres Aeropuertos no cuentan con un Plan de Manejo de Cenizas y Medidas de Mitigación de los impactos producidos por ellas.

– Las instalaciones del Aeropuerto de El Calafate y Trelew no poseen un centro de atención al usuario vía telefónica (denominado TOTEM) ni folletos informativos que rinden asesoramiento al usuario sobre sus derechos y los servicios a los que puede acceder.

Período auditado: la auditoría abarca el período 2007-2010

Link al informe

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