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La AGN aprobó esta semana un informe realizado en la CNRT y la Secretaría  de Transporte sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales y sobre el control del regulador respecto del corredor ferroviario de carga explotado por América Latina Logística Central S.A. – (ALL Central)

Desde el inicio de la concesión hasta octubre de 2012 ALL Central adeuda al Estado Nacional por el 70% del canon $237.486.157,65 en concepto de capital e intereses, superando en un 866% la garantía de cumplimiento  de contrato.

La falta de pago de 6 mensualidades acumuladas habilita a rescindir el contrato.

Tampoco depositó a favor del sistema de seguridad social (ANSES) el 30% del canon como exige la ley 23.966.

La AGN ya lo había observado en un informe de 2009.

La deuda desde el inicio de la Concesión asciende a octubre 2012, sólo en concepto de capital: $22.685.655,13

Principales incumplimientos:

√ en infraestructura de vía, de 935 Km de reparación pesada propuestos, se ejecutaron 162 Km (17%) en forma parcial y 0 Km de los 197 Km de reparación liviana previstos en el contrato.

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El informe se realizó con el objetivo de comprobar los progresos en la implementación de sistemas de información pública y de libre acceso y los resultados de su aplicación, enumerados en el artículo 8º de la precitada ley.

Las tareas de campo fueron desarrolladas desde el 08 de septiembre al 30 de noviembre de 2011.

La Jefatura de Gabinete de Ministros, en su calidad de autoridad de aplicación del cumplimiento de la ley, brindaba por medio de Internet hasta el 2º trimestre de 2011, la información requerida por el art. 8º de la Ley 25.152, y las actualizaciones producidas.

Como resultado de las tareas de campo, la AGN verificó que la página web http://www.argentina.gov.ar, dejó de brindar en forma centralizada los vínculos dentro de los cuales se destacaba “Transparencia”, que como dijéramos en informes anteriores era el medio que permitía conectarse a través del sitio web de la Jefatura de Gabinete de Ministros con la información pertinente.

Los Lineamientos Estratégicos del Plan Nacional de Gobierno Electrónico, establecidos en el Decreto Nº 378/05, dictado con posterioridad a la Ley 25.152, que tuvo como uno de sus objetivos aumentar los niveles de información y gestión de control ciudadano, concordante con los requerimientos del artículo 8º de la citada ley, no son coincidentes con la situación señalada precedentemente.

Además, entre sus observaciones la AGN observó que

Se continúa sin novedad alguna con relación al requerimiento del inciso l) del artículo 8º de la Ley Nº 25.152, de “toda la información necesaria para que pueda realizarse el control comunitario de los gastos sociales”.  

En conclusión, los informes de auditoría efectuados hasta la fecha han señalado la necesidad de reglamentación del artículo 8º de la Ley 25.152, a efectos de poder superar el cumplimiento parcial sobre el acceso y publicidad de la información de carácter público que detalla en el mencionado artículo.

Por su parte, la Jefatura de Gabinete de Ministros expresó en sus conclusiones a los informes, que entiende innecesaria la reglamentación del  artículo.

El artículo 8° de la Ley 25.152 no ha sido reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Ver informe completo 

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Según expone un informe de la Auditoría General de la Nación en Argentina al menos el 44% del total de los residuos sólidos urbanos que se generan son vertidos en basurales a cielo abierto o en sitios que no cuentan con los controles mínimos para la preservación de la salud humana y del ambiente. Los datos consignado por la AGN surgen del Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, dependencia creada en 2009 por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.  La mayoría de los municipios grandes –con más de 500 mil habitantes- utilizan para la disposición final de sus residuos el sistema “relleno controlado” (también conocido como relleno sanitario) o en menor medida la “disposición semi controlada”. En cambio al menos un 70% de los municipios pequeños (menos de 10 mil habitantes) vierten sus residuos en basurales a cielo abierto. Y hasta las poblaciones de 100 mil habitantes se mantiene elevado el porcentaje del uso de basurales a cielo abierto en un promedio arriba del 50%.

El informe de la AGN fue aprobado en junio de 2012 y tuvo como objeto auditar la gestión del “Subprograma 1 del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos”.

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Algunos de estos municipios pequeños y medianos son linderos a Parques Nacionales, centros de atractivo turístico por sus cualidades paisajísticas y medioambientales. De acuerdo a la información brindada por la Administración de Parques Nacionales la cantidad de visitas a las áreas protegidas ascendía a más de 2,5 millones de personas. Esta afluencia turística ejerce presión sobre los servicios brindados tanto por las áreas protegidas como por los municipios próximos a ellas.

Según la ley 25.916 los centros de disposición final de los residuos no pueden situarse dentro de las áreas protegidas o de sitios que contengan elementos significativos del patrimonio natural y cultural, lo que implica transportarlos y prever su disposición final fuera de los parques y las reservas, o sea, en territorio provincial, específicamente en los municipios vecinos al parque. Este estrato de municipios (aproximadamente 77) pertenece como se mencionó anteriormente a la franja por cantidad de habitantes en la que predomina el basural a cielo abierto como método de disposición final de residuos.

Dentro de ese universo de municipios colindantes es común encontrarse con algunos medianos –como Bariloche- con casi cien mil habitantes según el censo 2001 y otros muy pequeños -como Nono, provincia de Córdoba-, que no llegan a los mil. Sin embargo el hecho de estar en cercanías del área protegida implica que en ciertos casos la cantidad de visitantes sea más relevante que la de habitantes. Basta citar a Puerto Pirámides, que cuenta con aproximadamente 500 habitantes, pero recibe la visita de 3.000 a 12.000 personas por día en fechas pico.

La visita realizada por el equipo de Auditoria a los municipios colindantes a los parques nacionales Nahuel Huapi, Los Alerces y Lago Puelo, permitió verificar la existencia de basurales a cielo abierto y quema en zonas cercanas –o dentro mismo- del ejido urbano. Constituyen posibles focos de enfermedades, contaminación e impacto visual, que en algunos casos se localizan en terrenos limítrofes a bosques nativos, expuestos a infilitración o dispersión de lixiviados por arrastre de aguas y sometidos a la acción de vientos que dispersan los residuos volátiles en el municipio turístico.

El préstamo del BID

El 6 de noviembre de 2007 Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el contrato de préstamo BID Nº 1868/OC-AR destinado a la ejecución del Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos por un monto de US$ 60.000.000 (80%) más  US$ 15.000.000 (20%) de contraparte local, previendo su finalización el 6 de noviembre de 2012.

La finalidad del Programa es apoyar la sustentabilidad ambiental en los municipios turísticos de Argentina, a través de la implementación de Programas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Para ello, se prevé asistir a la gestión local mediante proyectos para: (i) implementar soluciones técnica, ambiental y financieramente viables; (ii) fortalecer las capacidades de los municipios  para que puedan ejercer efectivamente sus competencias en materia de gestión de residuos; y (iii) ampliar la conciencia y participación de las comunidades locales en esta materia.

De acuerdo al Contrato de Préstamo el Programa está organizado en dos subprogramas.

El  Subprograma 1 comprende a municipios turísticos colindantes de Parques Nacionales. La Secretaría de Turismo actualmente dependiente del Municipio de Turismo es el organismo ejecutor de este Subprograma.

El Subprograma 2 comprende otros municipios turísticos y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable adscripta a la Jefatura de Gabinete es el organismo ejecutor.

El 66,40% del monto total del Programa corresponde al Subprograma 1 (USS 49.800.000) y el 33,60% restante corresponde al Subprograma 2 (USS 25.200.000). De los casi USS 50 millones destinados a financiar el Subprograma 1, 39.800.000 provienen de aporte externo y 10.000.000, de aporte local (pari passu de 80%/20%).

La AGN detectó que habiendo transcurrido el 63% de la vida del Subprograma, solo se ha ejecutado el 17,2% de los fondos. Esta subejecución financiera derivó en el pago de excedentes en concepto de comisiones de crédito por U$S 126.246,90 equivalentes al 50,9% del proyectado. De esta manera las comisiones de compromiso alcanzan al 72,8% de los costos financieros totales del proyecto que incluyen U$S139.518,51 en concepto de intereses a la fecha de corte.

Además el Subprograma no ha cumplido con las metas en su totalidad. Por ejemplo, para el indicador “Nuevos rellenos Sanitarios construidos” del informe semestral al 31/12/2010 surge que se construyeron 2 de los 3 rellenos previstos para 2009 y ninguno de los 10 rellenos previstos para 2010.

En la página 18 del informe de la AGN  se expone el siguiente cuadro que evidencia la diferencia entre metas y logros a la fecha de cierre

 Tabla N° 2

“Indicadores de Producto del Subprograma 1, base anual no acumulada”

Subprograma 1

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Proyectos ejecutivos conclu-idos y con pliegos listos.

meta

6

7

10

11

34

logro

0

0

2

2

Rellenos sanitarios construidos.

meta

3

10

10

11

34

logro

2

0

2

Basurales cerrados.

meta

5

10

10

10

35

logro

6

3

9

Fuente: elaboración propia en base a Marco Lógico anexo a MOP.

La AGN, en su informe, concluyó que el Subprograma no ha acreditado el cumplimiento de actividades relacionadas con recabar opiniones e inquietudes de comunidades adheridas, supervisar actividades de consulta y difusión encomendadas a los municipios y, tramitar y supervisar la difusión pública de resultados de los estudios de impacto ambiental.

Dentro de las causas que permiten explicar los actuales niveles de cumplimiento, por un lado cabe mencionar que la unidad ejecutora no ha tenido un rol activo orientado a  facilitar acuerdos entre municipios próximos para la gestión de su problemática en materia de residuos sólidos (aspecto inherente a este tipo de proyectos oportunamente advertido por el Banco a partir de su experiencia en programas similares), aunque también se advierte que sobre la eficacia del subprograma pudo haber incidido los diversos cambios en la coyuntura institucional en la que se inserta su gestión. La falta de una política de comunicación/difusión universal y sistemática es también una variable que incidió sobre los niveles de eficacia. Así, si bien al iniciarse el Subprograma la Secretaría de Turismo (Unidad Ejecutora) dependía de Presidencia de la Nación, posteriormente fue incorporada al Ministerio de Producción (Decreto 2025/2008), creándose finalmente el Ministerio de Turismo de la Nación (Decreto 919/2010).

Para más información:

Ver informe completo

Sobre este mismo tema la AGN aprobó otra auditoría complementaria a la anterior, igualmente crítica, que tuvo como objeto examinar las acciones realizadas por la Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI) del Ministerio de Turismo, en la implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Municipios Turísticos, durante el período 2009-2010.

Este otro informe concluyó que dada la incipiente ejecución del Programa (17%), resulta prioritario:

  • otorgarle mayor difusión, visibilidad y accesibilidad;
  • precisar los criterios de elegibilidad;
  • incrementar el monitoreo y seguimiento de las actividades de las Consultoras que realizan prácticamente la totalidad de los productos/servicios;
  • garantizar que las actividades de fortalecimiento institucional acompañen todo el proceso y otorguen a los municipios capacidad de control de las obras del Programa.

El Programa requiere mayor articulación con los Municipios, que son los beneficiarios de las obras y estudios y los responsables de su conservación y uso, pero no reciben suficiente fortalecimiento y herramientas para gestionarlos y sostenerlos en el tiempo.

El Programa cuenta con un componente de Fortalecimiento, Capacitación, Sensibilización y Participación, aunque no articula con los Municipios elegibles una etapa de capacitación previa.

El manejo integral de residuos sólidos urbanos está estrechamente vinculado a las acciones de sensibilización y participación comunitaria, por lo que se requiere valorizar el componente de fortalecimiento, aumentar el registro y controlar el impacto de estas actividades. En los basurales saneados visitados en Puerto Iguazú y Andresito se observaron problemas de conservación que evidencian que el Plan de Fortalecimiento Institucional previsto en el Convenio no ha resultado suficiente.

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La AGN aprobó una auditoría que tuvo como objeto el “control de facturación de la telefonía móvil y los medios de recarga electrónica”, en el período 2008-2010.

En la República Argentina, la telefonía móvil celular es un segmento del mercado de las telecomunicaciones que se da en un marco de libre competencia; los operadores no están sujetos a restricciones tarifarias, por lo que los precios finales no están regulados.

Las modalidades de contratación del servicio de telefonía móvil, son elegidas libremente por los usuarios y suelen ser diferenciadas atendiendo a la zona geográfica donde se encuentren. Pueden citarse las siguientes modalidades:

Plan pospago con abono: consiste en el pago por adelantado de un abono fijo mensual para el uso del servicio el cual puede incluir diferentes prestaciones.

Plan prepago con abono: consiste en el pago por adelantado de un abono para el uso del servicio hasta un monto fijo en pesos. Una vez consumido ese monto fijo, las llamadas posteriores o excedentes deberán ser prepagadas, mediante la carga de crédito a través de
modalidades de recarga habilitadas por los prestadores.

Plan prepago puro (o con tarjeta): consiste en el pago anticipado de un valor cierto para efectuar comunicaciones, a través de la carga en la terminal de crédito. Una vez consumida la totalidad del crédito, el servicio permanece activo sólo para recibir llamadas y comunicarse con números de emergencia, sin realizar nuevas recargas, por un lapso determinado luego del cual quedará deshabilitado y posteriormente disponible para otro cliente, dicho plazo de “hibernación” varía según la empresa prestataria de que se trate.
Cabe señalar, que la telefonía móvil ha logrado hasta fines de 2008 un desarrollo considerable, posibilitando el servicio en todo el territorio nacional a un parque de abonados del orden de 47.000.000 (cuarenta y siete millones) de usuarios.

En el año 2010 la cantidad de abonados prepagos ascendía aproximadamente a 47.700.000. La modalidad prepago ha reportado un crecimiento desde que apareció en el mercado de telefonía celular argentino en 1999, donde la adhesión a ella era del orden del 44% del total de las terminales móviles, para llegar hacia fines del 2008 a representar un 90% del mercado, con sus líneas prepagas y mixtas, manteniéndose en esa proporción en 2009 y 2010.

La AGN concluyó en este informe que

* La modalidad de recarga prepaga implementada por las prestadoras, resulta perjudicial para los usuarios.

*Este sistema se implementó, entre otros supuestos, para permitir el acceso a la telefonía celular móvil de sectores de la población de menores recursos.

*Debe destacarse que si bien el sistema funciona bajo un régimen de libre competencia, y no se trata de un servicio público, el alto crecimiento que ha producido, en comparación con el del uso de la red de telefonía básica, incluso con el de telefonía celular bajo modalidad pospago, marca un cambio en los usos y costumbres de la población acordes con la evolución tecnológica que, a veces y dada la velocidad de los cambios, supera las reformas normativas necesarias para adaptarse a los mismos.

Por ello es que se considera que el uso de la telefonía celular reviste el carácter de interés público.

Las cifras expuestas en el informe completo (punto 3.2.2) corroboran lo mencionado. La modalidad prepaga, tal como se ha desarrollado, puede entenderse desde la perspectiva de las empresas prestadoras que buscan maximizar sus beneficios, pero no desde la posición de los usuarios que de acuerdo a sus condiciones económicas no pueden más que recurrir a este sistema para poder hacer uso de la telefonía móvil.


Toda esta oferta de servicios y promociones, deriva en un perjuicio económico a los usuarios, que para poder hacer uso de la telefonía móvil, no tienen más opción que adquirir servicios prepagos.

De la información suministrada por la CNC, resulta que en el mercado el costo del minuto para los servicios prepagos, llega a triplicar a la modalidad pospago.

Así por ejemplo: para T.P.T. de un valor facial de $10-$15, lo que el usuario abona por minuto resulta ser de $0.87, cuando en el pospago “libre 180” el minuto asciende a alrededor de $0.306.

La empresa Personal en noviembre de 2010, para servicios prestados en AMBA, cotizaba un Plan con 100 minutos libres a $ 0,49 o $0,58 el minuto, según se trate de incluidos en el plan o excedentes. En las recargas prepagas el minuto costaba $2,25 con impuestos incluidos.

La empresa Claro (AMX S.A.) para el mismo período, cotizaba a $ 0,41 y $ 0,71 el minuto pospago. En las recargas prepagas el minuto costaba $1,59 con impuestos incluidos. Asimismo, el valor del minuto de las recargas prepagas variaban en sus costos, según el monto del valor de la tarjeta.

No se han podido verificar los valores de la prestadora Telefónica Móviles S.A, atento a que la misma no informa sobre el tema a la CNC, ni la SSDC.

Las conclusiones del informe dicen entre otras cosas que la página Web de la CNC contiene información desactualizada respecto de planes y tarifas. La AGN no verificó acciones que haya llevado a cabo, tendientes a que las empresas prestadoras cumplan con el deber de informar mensualmente sus planes y tarifas vigentes; ni ante otros incumplimientos de las prestadoras respecto de la normativa vigente.

Por último y en función de los hallazgos obtenidos en el desarrollo de la presente auditoría, surge la necesidad de que se proceda a actualizar o modificar el marco regulatorio vigente, que genere cambios normativos que redunden en medidas que beneficien a los usuarios y consumidores de estos servicios en la obtención de mayores y mejores condiciones de elección tanto del servicio como de las condiciones económicas del mismo, así como un control y fiscalización más estricto de las prestadoras.

INFORME COMPLETO

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El Auditor General de la Nación, Oscar Lamberto participó en el programa Pesos y Contrapesos de la Auditoría General de la Federación y el Congreso (México), en un programa especial dedicado a la Reunión de la Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente (COMTEMA).

“La de las auditorías ambientales es toda una temática nueva porque en realidad las Entidades de Fiscalización Superior tradicionalmente se dedicaron a actividades contables y financieras, casi era un tema de contadores, a ver si el balance estaba bien hecho, si los recursos presupuestarios están bien asignados”, dijo Lamberto.

 

Agregó: “Pero la sociedad empezó a demandar otra cosa. Saber si el agua que toma es pura, si el transporte en el que viaja es seguro, si el rio en el que se va a bañar esta contaminado, si el basural que tiene cerca afecta su calidad de vida, si la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera genera cambios climáticos”.

 

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En 2011, la AGN aprobó un informe sobre la Prestación del Servicio de Seguridad a Personas y Bienes a fin de evaluar la economía, eficacia, eficiencia con que conducen sus actividades en cuanto a la prevención y represión de hechos delictivos.

Período auditado: Las tareas propias del objeto del examen, han sido desarrolladas entre el 11 de agosto de 2009 y el 31 de mayo de 2010.

La función específica: “La prevención” La Policía Federal Argentina tiene como fin lograr el cumplimiento de la atención de las demandas que requiere la sociedad, aplicando un mayor grado de eficiencia y eficacia apelando al mayor rendimiento de los recursos humanos, como a la utilización de los materiales existentes.

De la auditoría de gestión realizada por el ejercicio 2008 y primer semestre de 2009 al programa de la Policía Federal Argentina surgen las siguientes situaciones:

La información estadística de la P.F.A. no es suficiente para comprender y efectuar una planificación para la prevención de delitos, atento no considerarse los delitos no denunciados por la sociedad.

Las estadísticas policiales constituyen una herramienta con limitaciones a la hora de intentar comprender el fenómeno de la criminalidad. Por otra parte, las estadísticas disponibles son de delitos efectivamente denunciados los cuales representan sólo una fracción del total de delitos ocurridos.

La información elaborada por las Comisarías no es homogénea, no evidencia la relación de la Institución con la comunidad, ni hace referencia a los recursos financieros utilizados.

La mitad de los 30 puestos de recepción de llamadas del Servicio 911 no se encuentran operativos con personal capacitado ni equipamiento necesario para su funcionamiento.

Los chalecos de protección balística tienen una antigüedad superior a los 5 años y son asignados a las distintas Dependencias y no en forma individual.

Un total de 21.000 agentes entre oficiales y suboficiales portan la pistola Marca FM Licencia Browning de simple acción con una antigüedad de 30 años de servicio.

Mapa del delito

Las diversas modalidades que cada una de las Comisarías utiliza para la confección de estadísticas, trajeron como corolario que la elaboración de mapas del delito no resulte homogénea.

Esta situación origina que las Comisarías no cuenten con el mapa del delito estandarizado y computarizado, que permita disponer de un elemento rápido, moderno y ajustado a las necesidades y metodologías policiales.

La información con que se nutre el mapa del delito proviene de los sumarios abiertos que luego se refleja en estadísticas criminales. Cada Comisaría confecciona un mapa en el que se vuelcan los delitos cometidos en su Jurisdicción de acuerdo a los distintos tipos contenidos en el Código Penal y leyes especiales.

Informe completo

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La AGN aprobó un informe sobre prestaciones pasivas, sentencias judiciales liquidadas por reajuste de haberes provisionales en el ámbito del ANSES

Período auditado: Septiembre 2009- Febrero 2010.

Las observaciones de mayor relevancia se detallan a continuación:

– En los reclamos por reajustes de haberes contenidos en los expedientes administrativos se advierte que ANSES procede a su rechazo sin que conste en esta instancia, un análisis sobre el derecho invocado por los titulares, incidiendo de este modo en la litigiosidad del sistema.

– No surge con claridad la fecha en que ingresan las actuaciones administrativas al Sector Recepción Judicial de ANSES para su liquidación, esto impide conocer la fecha cierta que determina el comienzo del plazo legal para que la ANSES proceda a su efectivo pago. (Artículo 22, Ley Nº 24.463). ANSES entiende que el plazo de 120 días debe contarse desde el ingreso a la Gerencia de Monitoreo de la Actividad Jurídica y no al ingreso efectivo de las actuaciones administrativas al organismo.

Existe una demora promedio de 345 días hábiles en el dictado del acto administrativo que deniega el reclamo interpuesto por el beneficiario y que habilita la instancia judicial. Del promedio obtenido en su extremo máximo se encuentra el número de orden 12 con una demora de 2.928 días hábiles y su extremo mínimo los Nº de orden 39 y 85 con una demora de cero días.

– Falta la copia de la notificación de la liquidación al titular y al juzgado interviniente (99% de los casos).

– En lo que hace a la liquidación de sentencias, se observó un cambio de criterio en la aplicación del precedente “BADARO”. De las liquidaciones auditadas se pudo advertir que el Organismo procedió a aplicar el Índice de Salarios Nivel General en forma mensual aproximadamente hasta fines de setiembre del año 2009. Esto es confirmado por la Circular N° 34/09 de fecha 22/09/09 que advierte que el fallo Badaro dispone un ajuste anual. De allí en más el Organismo comenzó a aplicar las variaciones anuales de dicho índice. Dicho cambio se traduce en una desigualdad entre los beneficiarios, ya que la aplicación mensual de dicho índice arroja como resultado un monto mayor que el que resulta de su aplicación anual e implica una aplicación errónea del precedente, toda vez que la CSJN al expedirse en el mentado fallo, luego de declarar en el caso la inconstitucionalidad del art. 7, inc. 2, de la ley 24.463, dispuso que la prestación del actor se ajuste, a partir del 1° de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, según “las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos”. Teniendo en cuenta que el fallo es de fecha 26/11/07 ANSES aplicó incorrectamente el índice hasta el 22/09/09.

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La AGN aprobó un informe sobre la Autopista Pilar Pergamino.

El período auditado va desde noviembre de 2006 a diciembre 2009.

Las observaciones más importantes son:

Según señala el OCCOVI,  la habilitación de la estación de peaje Larena trajo aparejada una situación de conflicto social que se caracterizó por innumerables actos de protesta, accionar jurídico, mediático y político.

La situación se originó por la inexistencia de caminos alternativos al peaje y el cierre de caminos vecinales en una zona intensamente poblada, agregándose reclamos por el estado general de las obras y de la ruta, motivando que a partir de 2008 tuvieran lugar varias presentaciones del Ombudsman.

Con posterioridad al período auditado, el OCCOVI por Nota dirigida a la Dirección Nacional de Vialidad aconsejó analizar la posibilidad de extinguir el Contrato de Concesión Pilar-Pergamino en el marco de las previsiones contractuales. Por Decreto se dispuso la extinción de la concesión en los términos de “Mutuo Acuerdo”.

En sus observaciones la AGN encontró que:

– La ejecución de las obras se paralizó en septiembre de 2008 una vez habilitada la estación de peaje Larena.

-La habilitación de la Estación Larena fue autorizada sin que estuvieran concluidas todas las obras correspondientes al primer tramo.

-La Concesionaria inició la ejecución de obras consideradas adicionales sin la previa aprobación del Órgano de Control exigida por la normativa contractual, omitiéndose aplicar la correspondiente sanción.

-El tramo concesionado exhibe deficiencias en materia de mantenimiento.

-La Concesionaria no presentó las Cartas de Intención que aseguren la financiación para las obras y obligaciones del Tramo 2 (años 3 y 4 del Contrato de Concesión).

-Los informes de supervisión no brindan información suficiente para llevar a cabo un adecuado control del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario.

-La gestión del OCCOVI en la tramitación de penalidades resta efectividad al régimen sancionatorio aplicable al presente Contrato debido a: a) Las demoras incurridas en la tramitación de los expedientes; b) La inobservancia de las formalidades en la tramitación de los expedientes.

-No se aplicó el régimen de infracciones y sanciones pertinentes, ante la no presentación de las garantías en los plazos y condiciones exigidas

-No se formalizó la creación del Registro de Infracciones y Sanciones previsto en la normativa contractual. El OCCOVI tampoco cuenta con un sistema informático que permita integrar las diferentes etapas del trámite de penalidades.

Por último la AGN concluye que el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) no ha cumplido eficientemente el control del sistema de ejecución de obras por iniciativa privada en la concesión de la Autopista Pilar Pergamino. Hubo falta de control eficiente tanto en la ejecución de obras como en el mantenimiento del tramo concesionado fallas en la gestión de supervisión, en la tramitación de penalidades y falta de cumplimiento de procesos sancionatorios entre otras.

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Los Auditores Generales Vicente Brusca y Alejandro Nieva junto al Presidente del Tribunal de Cuentas europeo  Vitor Caldeira, Lazaros Lazarou, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, Francisco Osete y el Director de Recursos Humanos del Tribunal Europeo.

El Tribunal de Cuentas Europeo recibió a los Auditores Generales Alejandro Nieva y Vicente Brusca en representación de la Auditoria General de la Nación Argentina en visita de trabajo el 7 de Mayo de este año.

Vicente Brusca y Alejandro Nieva fueron invitados para discutir proyectos de trabajo en conjunto en la sede del organismo de control Europeo en la ciudad de Luxemburgo y en las reuniones se abordaron temas de interés mutuo relacionados con capacitación, auditorias medioambientales y se hizo énfasis en procedimientos de auditorías en los países de la Unión Europea respecto de la aplicación de fondos comunitarios. Esto último tiene incidencia en las nuevas necesidades de auditar gastos comunes en el Mercosur.

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